CIUDADANIA DESPROTEGIDA POR AUSENCIA DE LEYES CONTRA PANDILLAJE

enero 6, 2010 at 5:26 am Deja un comentario

Violencia en las calles
 
En tapete las barras bravas quienes continúan cometiendo varios delitos y asesinatos como el caso de Paola Vargas. Ligereza de normas legales y autoridades políticas indiferentes son causales de desprotección social.

Uno de los problemas más serios de la sociedad moderna es la violencia juvenil, también conocida como pandillaje y que aparece en todas las ciudades del planeta. Según estadísticas de la Policía Nacional del Perú solo en Lima hay cerca de 410 pandillas integradas por 12,198 jóvenes de 11 a 30 años.

Actualmente nadie está ajeno a esta forma de violencia, que crece a diario en nuestras calles. Hace unos meses -el sábado 24 de octubre de 2009- Maria Paola Vargas Ortiz (Contadora de profesión con solo 25 años) fue asesinada a plena luz del día por un desadaptado miembro de la barra de un conocido club de fútbol que invadió, junto con sus semejantes, la coaster en la viajaba la joven.

“Bolón” (Ronny Ramos de 25 años) acoso a Paola y ante su resistencia la empujo violentamente del vehiculo en movimiento ocasionándole una hematoma en la cabeza que la llevo a la muerte duelo de una dolorosa agonía.

Lamentablemente, el caso de Paola no es único. Diariamente ciudadanos pacíficos son víctimas de las pandillas o las llamadas barras bravas. En distritos como El Rimác, Los olivos, El agustino, Chorrillos o Villa El Salvador la tragedia se repiten solo para convertirse en estadística y quedar impune.

A pesar que esta forma de violencia es desde hace vario años una cruda realidad, la legislación peruana es sumamente blanda cuando se trata de castigar los delitos cometidos por jóvenes.

Según el Código del Niño y Adolescente “el pandillaje pernicioso -aquel que causa daños a la propiedad privada o publica o lesiona a las personas- se castiga con pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años”.

En la mayoría de los casos esta pena en conmutada por servicio social porque la misma norma considera que los menores de edad y los jóvenes no deben cumplir carcelería.

Carlos Raffo, parlamentario de la bancada fujimorista, culpa a los gobiernos de Alejandro Toledo y Valentín Paniagua por esta relajo en la legislación, aduciendo que en la década de 1990 los pandilleros con 12 años de edad podían ser castigados.

Comentando el caso de Paola Vargas, el Primer Ministro y parlamentario, Javier Velásquez Quesquén (APRA) propuso el retorno del servicio militar obligatorio como una forma de frenar la violencia juvenil pero en su gestión como Presidente del Congreso fue indiferente al tema.

Ante este panorama la ciudadanía se siente desprotegida porque no conoce la escasa legislación que la ampara frente a este tipo de delincuencia y no siente que sus representantes, los congresistas, son indiferentes al respecto.

Según el sociologo Aldo Panfichi (Catedrático PUCP) “el tema de la violencia juvenil y barras bravas solo es tratado, hasta el momento, como problema coyuntural y no hay una política de Estado que permita afrontarlo y resolverlo”.

En una encuesta vía Internet realizada por un conocido diario local ciudadanos de distintas edades y estratos económicos respondieron que el Estado debería adoptar distintas medidas para afrontar la violencia juvenil que van desde el empadronamiento de los barristas, en el caso de los hinchas del fútbol, al trabajo comunitario, la reeducación en correccionales, hasta la cárcel o la pena de muerte para quienes persistan en su actitud violenta.

El drama de Paola Vargas, que todos los peruanos sufrimos, es solo un indicio más de la necesidad de la ciudadanía de contar con un Congreso más comprometido con sus problemas cotidianos.

Según una reciente encuesta el Grupo de Opinión y Apoyo de la PUCP el 70 % de los peruanos no conocen los nombres de los parlamentarios y solo los aprende de memoria cuando la prensa propala los actos vandálicos y los escándalos cometidos por quienes deberían protegernos y representarnos.

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